Los adultos deben asumir la responsabilidad de apoyar a los chicos en el respeto por sus derechos amenazados o vulnerados 

 

Las sociedades contemporáneas están mostrando un crecimiento alarmante de los hechos de violencia y la nuestra, desgraciadamente, no es ajena al fenómeno. Lo que más alarma es que, aquí, en la Argentina, los niños parecen haberse transformado en uno de los sectores más vulnerables a ella.

La crónica diaria ha sido reflejo vivo en los últimos meses de esta situación. Casi sin solución de continuidad se han sucedido las muertes violentas de Candela, Tomás y Gastón, todos hechos aberrantes cuyos autores aún no han sido identificados a pesar del tiempo transcurrido, y ante los cuales la comunidad no ha podido terminar de reaccionar ni asumir su cuota de responsabilidad.

Desgraciadamente, hay también otras formas de ejercer violencia sobre los niños, que, si bien más sutiles, no son por ello menos devastadoras. Una de las últimas y que más alarmó a la opinión pública fue el "escrache" que se les impuso a niños de preescolar -es decir, de entre 4 y 5 años- en un jardín de infantes de la provincia de Buenos Aires y durante el acto de fin de curso, porque sus padres se habían atrasado en el pago de cuotas, algo muy similar a lo que había ocurrido tiempo atrás con una niña en Salta.

Según un estudio encargado en 2001 por la ONU, cinco son los distintos entornos en los cuales tiene lugar la violencia contra los niños y los adolescentes: la familia, la escuela, las instituciones de detención y protección, los lugares donde los niños y las niñas trabajan, y su comunidad. El estudio tiene en cuenta la definición del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de 2002: "El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones".

En noviembre pasado, la prestigiosa ONG argentina Periodismo Social también presentó otro informe sobre "La violencia en las escuelas, la violencia en los medios", en el que se analizaba la forma en que se vuelcan las noticias referidas a niños y adolescentes como protagonistas de esa violencia: los artículos periodísticos mencionaban "escuelas violentas", "jóvenes violentos", "violencia escolar", instalando de manera casi subliminal la idea de que los jóvenes son cada vez más violentos, cuando en realidad ellos son más bien víctimas de una violencia que atraviesa hoy toda la sociedad y de la cual son responsables en parte o totalmente los adultos.

Resulta entonces que nuestros niños y nuestros adolescentes están entre la espada y la pared frente al juicio social. Por un lado, asisten, en particular en la televisión, pero también en Internet, a espectáculos decididamente violentos (incluso dentro del famoso "horario de protección al menor"), y por otro, son considerados muchas veces, como lo señala el informe de Periodismo Social, protagonistas de episodios de violencia (en la escuela, en la calle) que la mayoría de las veces son una reacción desesperada de su parte ante situaciones económicas o sociales que ellos no pueden cambiar.

Por eso, una vez más, es necesario apelar a la responsabilidad de los adultos, desde los padres y maestros y profesores hasta aquellos que por alguna razón están a cargo de niños y adolescentes. Es a ellos a los que nuestra sociedad debe brindarles en todo momento orientación, información y apoyo -de hecho, hay entidades que se ocupan de esos temas tanto en el ámbito público como en el privado- para que a su vez puedan orientar, informar y apoyar a los niños y adolescentes en el respeto por sus derechos, tantas veces amenazados o vulnerados..

 

Fuente La Nacion.com 31/12/2011

 

Horario de protección al menor

La Justicia de La Plata prohibió al municipio la instalación de cámaras en colegios y que el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires pueda registrar y difundir imágenes. “Nos encontramos frente a prácticas que no son compatibles con los principios democráticos en los que se asienta la comunidad educativa”, consignó el juez.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Arias, prohibió a la Municipalidad de la capital provincial la instalación de cámaras en establecimientos educativos y al Ministerio de Seguridad provincial la registración, conservación y publicación de imágenes fotográficas de niños.

Se trata de la causa "Poder Judicial c/ Municipalidad de La Plata y otro/a s/ medida autosatisfactiva” que se inició luego de que el Defensor Oficial ante el Fuero de la Responsabilidad Juvenil de La Plata, Julián Axat della Croce, solicitara “se ordene remover de la Escuela N° 22, ubicada en la calle 23 y 76, la existencia de todo dispositivo de registro-video que posibilite la vigilancia de niños y adolescentes que concurren al establecimiento educativo”.

Es que la Municipalidad de La Plata anunció mediante su página web la colocación de cuatro cámaras de seguridad en la escuela mencionada en el marco de una experiencia piloto y por decisión del Consejo Escolar. Las cámaras fueron instaladas en el patio externo, en la entrada, y en el espacio de recreación común del establecimiento educativo.

El Defensor Oficial sostenía que la utilización de dichos dispositivos fílmicos, “posee claras consecuencias punitivas, y configura una práctica invasiva por parte de autoridades públicas” afectando “de modo irrazonable el derecho a la intimidada consagrado en el art. 16 de la Convención de los Derechos del Niño”.

Al mismo tiempo destacó que el Ministerio de Seguridad bonaerense cuenta con registros de imágenes donde incluso “son los propios medios periodísticos, quienes acceden a fotos de menores de edad y, como supuestos autores de ilícitos, las publican con los rostros pixelazos”; a lo que se suma que “se detectó y registró al personal policial sacando fotos a menores de edad en la vía pública”.

El magistrado sostuvo que “los hechos invocados en autos resultan de extrema gravedad, atento la implementación del sistema de cámaras de vigilancia y seguridad en establecimientos educativos de ésta Ciudad, y la posible proyección de esa medida en otras instituciones, así como por la obtención y utilización de imágenes y datos de menores de edad con fines policiales”.

En este sentido “la Constitución Provincial también reconoce el derecho a la dignidad e intimidad de todos los ciudadanos (art. 12 inc. 3), en especial de los niños (art. 36 inc. 2)”.

La Municipalidad de La Plata informó que ya se habían retirado las cámaras por lo que se tornaría abstracto la solicitud. Sin embargo, el magistrado argumentó que “ello no torna abstracta la pretensión instaurada” ya que “la presente acción también persigue un pronunciamiento que ordene al Municipio a abstenerse de permitir y/o proveer la instalación de todo dispositivo de registro-video que posibilite la vigilancia de niños y adolescentes que concurren a las demás escuelas de la Ciudad de La Plata”.

Asimismo en la causa se consigna que varios menores de edad al ser detenidos por la policía eran fotografiados con el celular de alguno de los agentes e incluso el comisario; y dichas fotos aparecían luego en medios locales pixeladas. Según consigna el fallo, la Ley 13.634 de implementación de los fueros de Familia y de Responsabilidad Penal Juvenil establece claramente que: “Queda prohibido a los organismos administrativos con funciones de policía llevar antecedentes sobre los delitos atribuidos a niños”.

Por ello ordenó al Ministerio de Seguridad la “destrucción inmediata de todo registro de fotografías e informaciones que de cualquier modo permitan la identificación de una persona menor de 18 años a quien se le atribuya la comisión de un delito, sea su almacenamiento en archivo digital como en soporte papel”.

Luego, en cuanto a la colocación de las cámaras de seguridad, el magistrado sostuvo: “nos encontramos frente a prácticas que no son compatibles con los principios democráticos en los que se asienta la comunidad educativa”.

“Entiendo que la instalación de dispositivos tecnológicos de seguridad en las escuelas forma parte de esa tendencia proclive a estigmatizar a un sector de la población considerado “de riesgo”, del mismo modo en que las dependencias policiales -al margen de toda orden judicial- conforman manuales de sospechosos de cometer delitos en base ciertas características personales”, concluye.

Poder Judicial c/ Municipalidad de La Plata y otro/a s/ medida autosatisfactiva   03/01/2012